La relación entre el territorio y la transición energética no es comúnmente discutida dentro del análisis de la transición, sin embargo, es en el territorio donde estas transformaciones se materializan y es el lienzo donde se reproducen los discursos, acciones, expectativas y conflictos que determinan la viabilidad social de los proyectos de energía y permiten o detienen la evolución de la transición.
El territorio no es solamente un contenedor de recursos materiales esperando a ser utilizados, sino es una reproducción de las formas de vida que le dan significado y valor a lo que en él se encuentra, modificándolo a nuestra conveniencia. Desde el paisaje hasta los recursos naturales para la explotación e intercambio, el territorio nos aporta elementos que son los cimientos del desarrollo socioeconómico de los Estados.
El territorio está formado por dos componentes interdependientes: el medioambiente y su configuración espacial (topografía), con todos los recursos naturales materiales e inmateriales que provee; y los sistemas sociales, con características específicas culturales, políticas y económicas. El territorio engloba a los grupos sociales que hacen uso de él y al entorno natural específico.
El entorno y los recursos naturales han servido como plataforma para poder evolucionar y desarrollar formas cada vez más complejas de lo social. El ser humano actúa dependiendo de las posibilidades que el espacio le otorga y los recursos materiales e inmateriales que dispone. El territorio es el reflejo de las sociedades. La construcción del entorno nos habla de las formas de vida, dinámicas e interacción con el resto del mundo.
Sin embargo, no todos los espacios aportan los mismos recursos ni propician de la misma manera el progreso socioeconómico. Dependemos de espacios geográficos específicos para saber con qué contamos y el crecimiento que nos permite.
Es aquí donde los procesos globales, como la transición energética, se insertan en escalas locales y regionales específicas que determinan las oportunidades para su avance. Poder entender la transición energética desde una perspectiva de análisis socioterritorial nos permite poder identificar no tan solo la factibilidad económica, sino las posibilidades de desarrollo en materia socioeconómica, ambiental y de planificación territorial, así como evaluar la viabilidad social de los proyectos, la gestión de riesgos sociales y la construcción de una licencia social para operar.
La relación entre el territorio y la transición energética ha cobrado una relevancia creciente en los últimos años. Desde el inicio de este proceso, las dinámicas sociales y territoriales han sido reconocidas como elementos fundamentales para la viabilidad de los proyectos energéticos, lo que ha impulsado el fortalecimiento de marcos regulatorios, la Evaluación de Impacto Social o MISSE, y estándares internacionales orientados a promover una transición más justa e inclusiva. No obstante, persisten desafíos importantes para integrar de manera efectiva estas consideraciones en la planeación y desarrollo de los proyectos.
La mayor parte de la nueva infraestructura energética continúa localizándose en zonas rurales, donde la disponibilidad de suelo y las condiciones técnicas favorecen su desarrollo. Sin embargo, estos territorios también albergan sistemas sociales, económicos y culturales complejos que interactúan con los proyectos de formas diversas. La coexistencia entre nuevas infraestructuras y comunidades locales puede transformar el uso del suelo, las actividades productivas, las relaciones sociales y las expectativas de desarrollo, haciendo indispensable comprender las particularidades de cada territorio desde las primeras etapas de planeación, mediante diagnósticos socioterritoriales, procesos de participación comunitaria, estrategias de relacionamiento comunitario e inteligencia territorial para identificar riesgos, construir confianza y generar beneficios sociales compartidos.
Estos proyectos modifican, además de componentes socioambientales, el uso de suelo, actividades económicas, la accesibilidad, conectividad e infraestructuras del sitio, entre otras cosas. Sin embargo, no podemos calificar estos impactos como positivos o negativos, hasta no evaluar en qué medida fomentan una mayor o menor resiliencia de las comunidades ante los cambios. Aumentar la resiliencia de las comunidades no tan solo beneficiará las condiciones ante la transición y los nuevos proyectos, sino que ayudará a preparar a las comunidades ante otros cambios ajenos a la transición y contribuirá a fortalecer la sustentabilidad y la aceptación social de los proyectos.
Debemos darle la debida importancia al territorio y considerar visibilizar las escalas locales dentro de las políticas de transición y de esta manera buscar oportunidades para aprovechar los beneficios que la transición energética involucra. Entendiendo las dinámicas sociales en el territorio podremos diseñar mejores estrategias para construir acuerdos entre los diversos actores y los proyectos con el objetivo de facilitar el camino de la transición, fortalecer la gobernanza territorial y reducir los riesgos sociales asociados al desarrollo de infraestructura energética.
Los nuevos retos que trae el cambio climático y la transición energética justa, como un esfuerzo por preservar los ecosistemas que nos rodean, requieren de un pensamiento renovado sobre la sustentabilidad que incluya un análisis multidisciplinario. El análisis del territorio con perspectiva social puede hacer la diferencia para identificar soluciones que permitan la participación positiva de las comunidades, fortalecer la toma de decisiones y evitar que estas permanezcan como externalidades del proceso global.
Podemos visualizar otra dimensión de la transición energética cuando observamos de manera integral todos los componentes de este proceso. Es así como se involucran diferentes actores y dinámicas que participan de diversas maneras y con diferentes perspectivas en la construcción de un horizonte más amplio.
