El desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica y eólica en México ha alcanzado una madurez técnica incuestionable. Los ingenieros saben cómo optimizar cada rayo de sol y cada ráfaga de viento, y los financieros dominan el cálculo de los retornos de inversión. Sin embargo, hay una variable que sigue descarrilando proyectos millonarios en el tablero de control: el factor social.
Tradicionalmente, el sector industrial ha visto la gestión social como un trámite burocrático o como un ejercicio de relaciones públicas consistente en pintar una escuela o donar luminarias. Pero la experiencia global demuestra que el asistencialismo corporativo ya no es suficiente para garantizar la viabilidad de un proyecto a largo plazo. La respuesta para destrabar esta encrucijada no es técnica, sino de gobernanza, y proviene de un concepto impulsado con éxito por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ): los beneficios compartidos (co-benefits).
Del asistencialismo a la “imbricación” del capital
Los beneficios compartidos plantean que un parque solar o eólico no puede justificarse únicamente por generar electrones limpios para la red nacional; debe generar de forma obligatoria, simultánea y medible, un valor socioeconómico en el territorio donde se instala.
No estamos hablando de caridad. La Agencia Alemana propone formalmente cinco modelos originales de reparto y gobernanza. De este abanico institucional, la práctica internacional destaca tres esquemas fundamentales que logran una imbricación real entre el capital industrial corporativo y el tejido de las comunidades receptoras:
- Modelos de co-propiedad (Shared Ownership): El desarrollador industrial abre un porcentaje de las acciones del parque para cooperativas ciudadanas locales. Es un esquema inspirado en la Energiewende alemana (particularmente exitoso en regiones como Baden-Württemberg), donde los dividendos directos convierten a la comunidad en socia activa y defensora del activo.
- Uso productivo de la energía: Una fracción de la generación se utiliza para energizar cadenas de valor locales mediante infraestructura compartida. GIZ ha documentado casos de éxito de esta naturaleza en América Latina, como el aprovechamiento de calor residual y energía limpia para la tecnificación agroindustrial (por ejemplo, el Proyecto Pavana en Honduras para la elaboración de quesillo, o los esquemas de bajas emisiones del Proyecto NAMA Café en Costa Rica). El parque energético fecunda la economía interna de la región.
- Fideicomisos de ingresos (Revenue Sharing): Se destina un porcentaje fijo de los ingresos brutos del proyecto a un fondo autónomo administrado bajo un esquema tripartito (empresa, municipio y líderes comunitarios). En proyectos eólicos y solares globales evaluados por la metodología COBENEFITS, y en recientes estrategias de coinversión en Sudamérica (como el Estudio de Beneficios Compartidos en Chile impulsado por el Ministerio de Energía y la GIZ), este flujo constante financia infraestructura hídrica o médica elegida democráticamente por la propia comunidad, garantizando la paz social.
El mito del “entorno ideal”: radiografía del territorio rural mexicano
Para los emprendedores y promoventes mexicanos, este esquema suena idílico, pero plantea un desafío pragmático de proporciones monumentales: las condiciones de partida en el México rural son sumamente desafiantes, por lo general se trata de territorios con muy baja población o población dispersa, dedicada a actividades económicas asociadas a la agricultura de temporal o ganadería de traspatio o apícolas, que conviven con grandes extensiones destinadas a agricultura intensiva o ganadería extensiva, detonando intereses contrapuestos y dinámicas hostiles en la región.
Implementar un esquema de beneficios compartidos sin un diagnóstico profundo puede resultar catastrófico debido a tres realidades del entorno que la burocracia y los desarrolladores suelen ignorar:
- La ceguera de datos: Dado que estos macroproyectos se llevan a cabo en territorios rurales y aislados, la información pública existente sobre las comunidades es sumamente pobre. Los perfiles sociodemográficos disponibles suelen estar desactualizados y la información de geolocalización es deficiente. Diseñar un modelo de reparto de beneficios a ciegas, sin cartografía social precisa, condena el proyecto al fracaso técnico y legal.
- Territorios minados: No se puede tapar el sol con un dedo. La gran mayoría de las zonas con alto potencial eólico y solar en el país son territorios que han sido profundamente minados por el crimen organizado y debilitados por la corrupción gubernamental. Inyectar capital industrial o fondos de co-beneficios en comités locales sin un blindaje previo no generará desarrollo; provocará una inmediata “captura de élites”, donde los poderes fácticos secuestrarán los recursos económicos.
- La falta de madurez organizativa: No se puede firmar un contrato de co-propiedad si antes no se ha “alfabetizado financieramente” a los interlocutores locales y se han creado figuras legales transparentes donde rija el principio democrático de “una persona, un voto”.
Por ello, la burocracia y los gestores energéticos en México deben entender que los beneficios compartidos exigen una fase previa y obligatoria de incubación social en la que necesariamente hay que invertir y alinear los esfuerzos dispersos que existen de las instituciones gubernamentales y algunas organizaciones de la sociedad civil.
Una inversión, no un gasto: La seguridad del capital
Para el inversionista tradicional, ceder gobernanza, actualizar mapas o compartir ingresos puede parecer un aumento en los costos de desarrollo. La realidad demuestra lo contrario. En un país con la complejidad territorial de México, una comunidad organizada, capacitada, mapeada con precisión y con participación económica directa en el parque energético es la mejor póliza de seguro para el capital privado. El blindaje comunitario es el único escudo efectivo contra la inestabilidad de la región.
Bajando las expectativas: Aquí no hay recetas de cocina
Queremos ser muy claros y honestos desde nuestra experiencia: en la gestión social no existen recetas mágicas. Cada territorio es un ecosistema vivo y único; un aprendizaje completamente nuevo. Las comunidades son diferentes entre sí, los intereses internos cambian con el tiempo y el contexto político o delictivo de cada región suele apretar más con unas variables que con otras. Lo que funcionó en un municipio de Oaxaca (como los esfuerzos de gestión con redes de aprendizaje local de la GIZ en el istmo) puede ser la fórmula del fracaso en Chihuahua.
Sin embargo, el marco normativo nos está empujando a profesionalizarnos a marchas forzadas. Si estás leyendo esto desde tu espacio de trabajo, es muy probable que una realidad te esté golpeando en la cara: tienes un proyecto ejecutivo sobre la mesa, la ingeniería y el modelo técnico están resueltos al 100%, pero el Plan de Gestión Social está a medias.
¿Cómo incorporar los beneficios sociales compartidos de acuerdo con las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético que entraron en vigor el 17 de febrero de 2026? ¿Por dónde comienzo si apenas tengo una lista con los nombres de las localidades en las áreas de influencia identificadas o en el trazo de la línea de transmisión? Es más, ante la falta de datos confiables en el territorio rural, ¿cómo sé si esas localidades son reales, si ya desaparecieron o si cambiaron de nombre?
No pretendemos tener verdades absolutas, pero sí algunas coordenadas útiles nacidas de la práctica en el terreno. Todo esto lo desmenuzaremos en nuestra próxima entrega: “Cartografía de lo invisible: Cómo descifrar el enigma del territorio antes de pisar el campo”. ¡Nos leemos en el siguiente artículo!
Ricardo Pérez Schechtel escribe sobre territorio, desarrollo social y sector energético desde una trayectoria que ha cruzado la política pública, la planeación y la gestión de riesgos. Durante más de dos décadas trabajó en el diseño y análisis territorial de políticas de desarrollo social en México, representó al país ante el Grupo de Indicadores Territoriales de la OCDE y posteriormente formó parte del CENACE. Hoy lleva esa mirada territorial a los proyectos que desarrollamos en Urbanismo en Movimiento.
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