Mientras la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental se encuentra en la “cocina” de la Cámara de Diputados bajo el escrutinio de diversas organizaciones en consulta pública, el sector energético se prepara para un cambio radical. La inminente aprobación de este marco regulatorio, sumada a las nuevas Disposiciones Administrativas sobre la Manifestación de Impacto Social (MISSE) respaldadas por la SENER, constituirá un monumental desafío para el futuro de los emprendimientos de energías limpias en México.
El panorama energético mexicano sufre de una peculiar esquizofrenia. Por un lado, el país corre a contrarreloj para generar energías limpias, con la urgencia de cumplir compromisos climáticos globales y alimentar una demanda eléctrica que no deja de crecer. Esta electricidad es devorada con especial entusiasmo en regiones como Querétaro, donde la llegada masiva de data centers enfocados en Inteligencia Artificial (IA) -proyectos nacidos al amparo de viejos vacíos normativos- exige cantidades monumentales de energía y agua.
Por el otro lado, el propio Estado ha decidido tirar del freno de mano regulatorio. A través de las Manifestaciones de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) de la SENER y la nueva propuesta de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental de la SEMARNAT se busca saldar un rezago legislativo de más de 30 años. La ironía salta a la vista: el mismo sistema que clama desesperadamente por “electrones limpios” para encender la modernidad digital, edifica simultáneamente la muralla normativa más alta e intrincada de las últimas tres décadas para su construcción. La vieja y cómoda ecuación de “generar energía verde mitigando un par de árboles a nivel local” ha muerto oficialmente.
El nuevo viacrucis del capital: del ingeniero al sociólogo
Hasta hace poco, la viabilidad de un parque eólico o fotovoltaico se resolvía casi por completo en los restiradores de los ingenieros. Hoy, el éxito de una inversión millonaria depende de algo mucho más intangible: la licencia social.
Para que un proyecto sobreviva al escrutinio de las dependencias federales y obtenga certeza a largo plazo, los promoventes deben aprender a acompañar a las comunidades rurales durante 25 o 30 años, estructurando esquemas reales de beneficios sociales compartidos. Esto significa que las empresas ya no pueden ver el entorno social como un mero trámite de ventanilla o un gasto de relaciones públicas de última hora. El nuevo encuadre normativo obligará a los desarrolladores a rascarse los bolsillos para invertir en consultorías socioambientales altamente especializadas, capaces de descifrar la complejidad del territorio mucho antes de que se coloque el primer panel solar o aerogenerador. Quien decida ahorrar en el diagnóstico humano, terminará pagando el precio con un proyecto clausurado.
La ruleta territorial: el poder del veto comunitario
La selección del terreno ya no es solo una cuestión de medir dónde sopla más el viento o dónde pega más el sol. Con las nuevas reglas, clavar un proyecto en un territorio con presencia de población indígena o afromexicana transforma las reglas del juego por completo.
Bajo este marco, se activa la obligatoriedad de la Consulta Previa, Libre e Informada, un mecanismo que deja de ser un protocolo informativo para convertirse en un instrumento con dientes. Esto otorga a las comunidades originarias la potestad jurídica de rechazar y vetar el proyecto de forma definitiva si consideran que afecta su modo de vida o sus intereses. Así, la viabilidad financiera de una planta generadora queda sujeta a la asamblea comunitaria; un ejercicio democrático de justicia histórica que, sin embargo, introduce un factor de incertidumbre que los manuales corporativos de Wall Street todavía no saben cómo procesar.
El fantasma de la intermitencia y el dilema del suelo saturado
Para colmo de males, los desarrolladores han intentado curarse en salud integrando sistemas de almacenamiento de energía (baterías de gran escala). Con esto buscan mitigar la intermitencia de sus aportaciones a la red, neutralizando el clásico argumento de los sectores más tradicionales que prefieren plantas de combustibles fósiles -sucias y caras, pero estables-.
Pero el tiro del almacenamiento amenaza con salir por la culata ambiental. Si la SEMARNAT aplica estrictamente el principio In dubio pro natura (ante la duda, la autoridad prefiere proteger la naturaleza), los proyectos se enfrentarán al muro de la Evaluación de Impactos Acumulativos y Sinérgicos. La autoridad ya no revisará un parque de forma aislada. Si el nuevo proyecto, sumado o interrelacionado con otras industrias ya existentes en la zona, satura la capacidad biológica del territorio o introduce riesgos por confinamiento de baterías degradadas, la orden será tajante: no se aprueba o se exige un rediseño total.
Desarrollar en los márgenes de la ley... y del crimen
La paradoja socioambiental alcanza su punto más álgido al confrontarse con la realidad geográfica del país. Gran parte del potencial renovable de México coincide con regiones rurales arrastradas por economías de subsistencia, agricultura de temporal, marginación social cruda y un olvido institucional crónico en salud y educación. Como ingrediente final, muchas de estas zonas son hoy el tablero donde algunos poderes fácticos se disputan el control territorial.
Exigir a las empresas que abran mesas de negociación prolongadas y prometan derramas económicas de “beneficios compartidos” por los próximos 25 o 30 años en estos entornos raya en la ingenuidad institucional. En comunidades bajo la presión del tejido delictivo, esos fondos y procesos consultivos corren el riesgo latente de ser cooptados o extorsionados por los poderes fácticos.
A modo de conclusión
La reforma ambiental y las exigencias de la SENER atienden una deuda de equidad social innegable y necesaria. Sin embargo, al superponer este virtuosismo burocrático a la apremiante sed de energía del país y a las fracturas de seguridad en el México rural, el Estado ha creado un nudo difícil de desatar. La transición energética de los próximos años no fracasará por falta de tecnología, de sol o de billeteras dispuestas a invertir; el verdadero cuello de botella será aprender a sobrevivir en un ecosistema regulatorio donde el electrón más limpio puede ser, al mismo tiempo, el más legalmente inviable.
Ricardo Pérez Schechtel escribe sobre territorio, desarrollo social y sector energético, desde una trayectoria que ha cruzado la política pública, la planeación y la gestión de riesgos. Formado en gestión ambiental y comunicación social en Chile, Argentina y México, durante más de dos décadas lideró de manera pionera el diseño de políticas públicas en México bajo un enfoque territorial y de coordinación multinivel para la operación en campo. Por más de una década fue representante de México ante el Grupo de Indicadores Territoriales de la OCDE y formó parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Su visión profesional integra la sostenibilidad y la comunicación como una herramienta transversal indispensable para el éxito de los proyectos. Hoy lleva esa mirada territorial a los proyectos que desarrollamos en Urbanismo en Movimiento.
