La estrategia partió de establecer una línea base independiente de desempeño ambiental y social para cada activo. La primera evaluación permitió identificar fortalezas, brechas de cumplimiento, riesgos y compromisos pendientes, definiendo indicadores que pudieran ser revisados posteriormente bajo los mismos criterios.
A partir de esta línea base se desarrolló un esquema de auditorías sucesivas de seguimiento, orientado a verificar la implementación de compromisos, medir la evolución de los indicadores y determinar si las acciones adoptadas estaban fortaleciendo efectivamente los sistemas internos de gestión. De esta forma, cada evaluación funcionó como un punto de comparación respecto del desempeño previamente observado.
Las auditorías combinaron inspecciones en campo, revisión documental y entrevistas con operadores, contratistas y grupos de interés, evaluando gestión de riesgos, mecanismos de quejas, cumplimiento laboral, salud y seguridad, desempeño ambiental y relacionamiento comunitario.
Este enfoque permitió evaluar los activos bajo estpandares internacionales, pero también observar algo que una revisión puntual difícilmente muestra: cómo evolucionaban las brechas, los controles internos y la capacidad de gestión ESG a través del tiempo.
