El desarrollo simultáneo de ocho proyectos fotovoltaicos en seis estados de México —Campeche, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas y Tabasco— planteó un reto de coordinación territorial y regulatoria bajo un plazo de ejecución de ocho semanas. La escala y diversidad del portafolio exigieron trabajar sobre proyectos con superficies de ocupación de entre 174 y 1,550 hectáreas, caracterizar más de 200 localidades distribuidas en 10 municipios y analizar contextos sociales e institucionales significativamente distintos entre regiones.
A la dispersión geográfica se sumaron condiciones de acceso y seguridad variables, así como diferencias en las formas de organización social y las dinámicas territoriales de cada sitio. El reto consistió en mantener criterios técnicos y metodológicos consistentes entre los ocho proyectos, sin perder la lectura específica de cada territorio, para sustentar sus procesos de evaluación social y ambiental.
Se diseñó una estrategia de trabajo multisitio que permitió desarrollar los ocho proyectos de manera paralela, manteniendo criterios comunes de evaluación social y ambiental, pero adaptando el levantamiento y análisis de información a las condiciones específicas de cada territorio.
La metodología integró análisis documental y territorial, trabajo de campo en la totalidad de los sitios y vinculación directa con actores locales, incluyendo autoridades, propietarios privados, ejidos y comunidades rurales. Esto permitió identificar diferencias en las estructuras de organización social, los regímenes de tenencia de la tierra, las dinámicas productivas y las condiciones particulares de cada área de influencia.
A partir de esta información se desarrollaron de manera coordinada seis Manifestaciones de Impacto Social (MISSE) y dos Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), integrando criterios técnicos consistentes entre proyectos y generando información específica para cada territorio.
El enfoque permitió que los estudios funcionaran no sólo como instrumentos de cumplimiento regulatorio, sino también como una fuente de información territorial para identificar riesgos, oportunidades y necesidades de gestión desde etapas tempranas del desarrollo de los proyectos.
La ejecución simultánea de los ocho proyectos permitió mantener criterios técnicos consistentes sin homogeneizar territorios con condiciones sociales, ambientales y productivas distintas. En ocho semanas se completaron seis Manifestaciones de Impacto Social (MISSE) y dos Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), sustentadas en trabajo de campo y en la caracterización de más de 200 localidades distribuidas en 10 municipios.
Los hallazgos específicos de cada área de influencia se tradujeron en aproximadamente 36 programas de gestión social y Beneficios Sociales Compartidos, diseñados de acuerdo con las capacidades, necesidades y oportunidades identificadas en cada territorio.
El resultado fue una forma de trabajo capaz de combinar escala operativa con precisión territorial, generando respuestas diferenciadas para proyectos que, aunque compartían una misma tecnología y proceso regulatorio, enfrentaban realidades locales significativamente distintas.
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