La modernización y fortalecimiento de la red nacional de transmisión eléctrica exige procesos constructivos de alta complejidad que suelen alterar la dinámica cotidiana de los territorios receptores. En la región de Tepeyahualco, Puebla, el desarrollo de un proyecto estratégico que incluyó la construcción de dos subestaciones eléctricas de gran escala, caminos de acceso e infraestructura complementaria requirió un acompañamiento prolongado en un entorno rural donde coexisten propiedad privada y núcleos ejidales.
El principal desafío consistió en gestionar los impactos sociales y las tensiones derivadas de la construcción, en un periodo con picos superiores a 350 trabajadores en sitio. El proyecto enfrentó afectaciones asociadas a las obras, desacuerdos entre contratistas y propietarios, tensiones laborales externas y condiciones de seguridad complejas, haciendo necesario identificar y atender oportunamente los incidentes sociales para evitar su escalamiento y posibles afectaciones a la continuidad de los trabajos.
Para gestionar de manera continua los riesgos sociales asociados a la construcción se implementó una estrategia de acompañamiento permanente, manteniendo presencia en territorio durante más de dos años y medio. Esta presencia permitió dar seguimiento a las actividades constructivas, atender inquietudes comunitarias y mantener canales de comunicación directos con propietarios, comunidades, trabajadores y contratistas.
El componente preventivo de la estrategia incluyó la capacitación del 100% de la fuerza laboral, con picos superiores a 350 trabajadores, en temas de derechos humanos, código de conducta, convivencia comunitaria, seguridad y respeto a las comunidades locales. El seguimiento cotidiano permitió identificar y atender incidentes sociales en etapas tempranas, reduciendo su posibilidad de escalamiento y de afectación a la continuidad de los trabajos.
De manera paralela, la gestión social incorporó acciones orientadas a fortalecer la relación entre el proyecto y su entorno. Se promovió la participación de trabajadores locales, que llegaron a representar hasta el 50% de la fuerza laboral, así como la vinculación con proveedores y servicios de la comunidad, ampliando la participación económica local asociada a la etapa de construcción.
El acompañamiento social durante más de tres años permitió mantener una gestión continua de los riesgos e incidentes asociados a la construcción, contribuyendo a que las situaciones identificadas fueran atendidas antes de escalar a conflictos mayores. La infraestructura concluyó su etapa constructiva y fue puesta en operación sin retrasos derivados de conflictos comunitarios, manteniendo al mismo tiempo una relación activa con la población local.
De manera paralela, la gestión social se tradujo en Beneficios Sociales Compartidos para una comunidad rural de aproximadamente 1,500 habitantes. Las acciones incluyeron entrega de materiales para mejoramiento de viviendas, construcción y rehabilitación de caminos, obras de drenaje y fortalecimiento de capacidades para el empleo y el desarrollo de proveedores locales.
La presencia del proyecto también generó oportunidades para comedores, misceláneas, alojamientos temporales, oficinas, almacenes y otros servicios operados por habitantes de la comunidad, ampliando la participación económica local durante la etapa de construcción.
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